AL GOBIERNO FEDERAL

AL GOBIERNO ESTATAL

A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

 

¡DETENGAMOS LA BARBARIE EN CHIAPAS!

Somos un conjunto de colectivos, organizaciones y personas preocupadas por los diferentes hechos de violencia acontecidos en los días recientes en el estado, por lo que queremos manifestar lo siguiente:

El estado de Chiapas lleva años, envuelto en una espiral de violencia creciente que se ha recrudecido de manera alarmante en los últimos días. Las causas no pueden atribuirse únicamente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la injusticia endémicas que han caracterizado a la entidad a lo largo de toda su historia. 

Lamentablemente, por su ubicación geográfica y por el aislamiento en el que Chiapas vivió por años, la presencia del crimen organizado en el estado no es nueva. Desde hace décadas, se trafica de todo, desde personas, hasta armas y drogas. Por años, estos fenómenos operaron sin mayores daños para la población local aunque ciertamente las consecuencias de los delitos han ido penetrando lentamente el tejido social comunitario. Sin embargo, en los años recientes la disputa territorial entre diferentes grupos delincuenciales ha derivado en una escalada alarmante de la violencia y la inseguridad que hoy tiene su escenario más dramático en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera, entre otros ubicados en la región.

La falta de respuesta institucional tiene que ver con la ambición desenfrenada y la corrupción de muchas autoridades que, concentradas en mantener su poder político o incluso acrecentarlo, han dejado abandonada a su suerte a una población que se debate entre los fuegos de los grupos delictivos rivales. Esta situación, aunada al alarmante aumento del tráfico de armas en todo el estado, con la consecuente proliferación de grupos armados de todo tipo, ha convertido a nuestra entidad en tierra de nadie, donde el diálogo y la negociación han sido cruelmente desplazados por la fuerza de las balas.

La zona fronteriza con Guatemala es hoy la manifestación más aguda de la situación de violencia e inseguridad que se padece en Chiapas pero desgraciadamente no es la única. En toda la entidad ha crecido aceleradamente el tráfico ilegal de todo tipo. En los últimos años, diversos grupos, presumiblemente células del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, se han apoderado de territorios completos a los que dominan a través del terror, las amenazas, las extorsiones, las desapariciones, la muerte.  Existen otros grupos armados que se mueven desde la frontera y en regiones como Teopisca, San Cristóbal, San Juan Chamula, hacia los Altos y Norte de la entidad. Ante la total inacción de las autoridades, todos estos grupos han ido ganando poder y territorio, en medio de una violencia nunca antes vista en nuestro estado.  Aunque la crisis se concentra en tres regiones de la entidad (Frontera, Sierra y Centro), las repercusiones se padecen en todo el estado. 

Una muestra de la violencia generalizada en otras regiones del estado ocurrió apenas la noche del viernes 2 de junio, cuando un grupo armado presumiblemente proveniente desde Santa Martha, Chenalhó, atacó a balazos a desplazados de dicha comunidad que se encuentran refugiados desde octubre de 2022 en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio, con un saldo, hasta ahora, de 7 muertos y 3 heridos. Al momento de redactar el presente pronunciamiento, no se tenía mayor información.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la situación más alarmante está ubicada en la Zona Fronteriza. Desde el 25 de mayo pasado, la violencia se ha desbordado particularmente en el municipio de Frontera Comalapa,  a raíz de los enfrentamientos entre grupos antagónicos presumiblemente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, principalmente en las proximidades de las comunidades Nueva Independencia (conocida como Lajerío) y Candelaria.

Aunque no se tienen cifras precisas, se habla de entre 3,500 y 4 mil personas desplazadas, con un número indeterminado de heridos, desaparecidos y muertos. Durante varios días, no se hizo presente autoridad alguna por lo que la población se defendió como pudo. Finalmente, el 31 de mayo el Ejército Mexicano logró ingresar al municipio, después de enfrentar la resistencia de pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, mejor conocido como Quespala. A cuenta gotas, algunos pobladores han iniciado el retorno a sus hogares. La situación es de gran incertidumbre y miedo.

Ante este panorama, exigimos:

1. La presencia de las instituciones encargadas de la seguridad de la población: Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías estatal y federal, para restablecer el orden y realizar las investigaciones de rigor que determinen la magnitud de los daños causados y su reparación. 

2. La atención integral a la población en situación de desplazamiento forzado, que debe incluir garantías para un retorno seguro. La gente merce vivir sin temor a perder a sus seres queridos y a ver arrebatado el patrimonio de toda una vida.

3.  La implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de la paz permanente en toda la región fronteriza, para lo cual es indispensable proceder, en la forma que se requiera, contra los grupos delincuenciales que han afectado gravemente la vida de la población. Sin embargo, el esfuerzo será inútil  si el resto del estado sigue atrapado en una espiral de violencia sin fin. Exigimos que el restablecimiento de la paz se haga extensivo a todo Chiapas.

4. El reconocimiento de parte de las autoridades estatales y federales de la grave situación que se vive en la entidad. Seguir con el discurso negacionista que pretende aparentar que todo está bien y que los innegables hechos de violencia son brotes aislados, no sólo es profundamente irresponsable sino una falta de respeto a las y los chiapanecos que día con día constatamos la violencia y la descomposición social acelerada. Pero además, la insistencia en negar la gravedad de la situación pone en altísimo riesgo a la población, como lo demuestran los hechos ocurridos en Chenalhó y en la Zona Fronteriza, que se vienen denunciando desde hace meses y ante los cuales, las autoridades han sido absolutamente omisas.

5. La aplicación irrestricta de la ley, que significa, entre otras cosas, poner fin definitivo a la complicidad de muchos políticos con el crimen organizado. Es un verdadero insulto para las y los chiapanecos que conocidos miembros de la clase política chiapaneca, ampliamiente sabidos sus lazos con la delincuencia o ellos mismos delincuentes, aspiren a cargos de elección popular como la gubernatura o la presidencia de la República.

Nos negamos a ser testigos mudos de la destrucción social, económica, política, ambiental y cultural de nuestro estado. Ya se dejó crecer la pudredumbre por demasiado tiempo. 

¡BASTA DE BARBARIE! ¡BASTA DE LA INACCIÓN DEL ESTADO MEXICANO! ¡QUEREMOS UN CHIAPAS CON PAZ DURADERA Y CON JUSTICIA VERDADERA!